Registro de Nombres y Apellidos

Registro de Nombres y Apellidos

La forma actual de usar los apellidos y las reglas para registrarlos surgieron en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa. Antes de esa época era común que cada uno de los hijos de una familia adoptara el apellido del padre, de la madre o algún antepasado basándose en la gloria de éste, donde las reglas de la caballería y los romances andaban de la mano.

En los países de habla hispana los apellidos hereditarios no se principian a consolidar sino hasta el siglo XV, cuando por iniciativa del Cardenal Cisneros se hace obligatorio que en los libros parroquiales se registren los nacimientos y las defunciones. De cualquier modo, la norma actual del apellido paterno hereditario no se fija definitivamente sino hasta el siglo XIX, sobre todo en las zonas rurales y entre la gente más humilde.

Acá, en el noreste mexicano, todavía a principios del siglo pasado no se usaban en forma consistente los nombres y apellidos en documentos oficiales, a veces aparece la misma persona indistintamente con dos nombres (Ana o Anastasia Meléndez), con el segundo nombre completo o sólo la inicial (Pablo E. de la Peña), e incluso a veces la inicial intermedia no es del segundo nombres sino del apellido paterno (Francisco Martínez Peña o Francisco M. Peña).

Lo anterior no sólo causa confusiones al tratar de identificar a las personas en escritos antiguos, sino que dificulta la comprensión del texto a quien no cuente con otros documentos o la tradición oral.

En lo que hoy es México el primer Registro Civil no surge sino hasta el 2 de noviembre de 1829, en Oaxaca. Todavía al expedirse ese Código Civil “se otorga a la Iglesia Católica la facultad de reconocer el estado civil de los oaxaqueños”.

Cuando se estableció el Registro Civil a nivel nacional, en 1857, al estar bajo control municipal, en muchas regiones de México y por mucho tiempo no toda la población se registraba, pues hubo que luchar con problemas como la ignorancia, apatía, pobreza, escasez de oficinas, grandes distancias y carencias de vías de comunicación.

Durante el Estado Porfirista se impusieron multas de cinco a cincuenta pesos y hasta hubo una policía especial para localizar a los infractores. Fue hasta 1890 cuando el Registro Civil mejoró considerablemente debido, en gran parte, a que en algunos estados se hacía la inscripción gratuita y en otros aumentaron las oficinas de registro, situando algunas hasta en ranchos y haciendas.

Incluso en lugares donde sí se hacía el registro, éstos se perdieron por la mala calidad del papel usado, por incendios o, en el período de 1911 a 1921, por destrucción deliberada durante los disturbios revolucionarios. Actualmente para prevenir esos problemas muchos de los registros se preservan en micropelículas o se han centralizado en los archivos de los estados u organizaciones como la Biblioteca de Historia Familiar, en “Salt Lake City, Utah”.

Cuando Moisés y su hijo Sergio investigaron por los años sesentas del siglo pasado sobre los antecedentes de la familia de la Peña en la región sur de Nuevo León, se enfocaron básicamente en los libros parroquiales de San Pablo de Labradores, pero los datos hallados por ellos fueron corroborados luego por los que encontró Saul Balderas Peña en el Archivo General del Estado de Nuevo León -AGENL- (Galeana, N. L.: La trinchera del Sur), y vueltos a confirmar por los de Francisco Javier Alvarado Segovia sobre el Municipio de Iturbide; mismo Archivo, pero diferentes cajas.

Al iniciarse la vida independiente de la Villa de San Pedro de Iturbide, los de la Peña de inmediato tomaron parte activa en ésta, como lo habían hecho en la de San Pablo de Labradores o Galeana.