 Registro de Nombres y Apellidos La
forma actual de usar los apellidos y las reglas para registrarlos
surgieron en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa. Antes de
esa época era común que cada uno de los hijos de una familia adoptara el
apellido del padre, de la madre o algún antepasado basándose en la
gloria de éste, donde las reglas de la caballería y los romances andaban
de la mano. En
los países de habla hispana los apellidos hereditarios no se principian
a consolidar sino hasta el siglo XV, cuando por iniciativa del Cardenal
Cisneros se hace obligatorio que en los libros parroquiales se
registren los nacimientos y las defunciones. De cualquier modo, la norma
actual del apellido paterno hereditario no se fija definitivamente sino
hasta el siglo XIX, sobre todo en las zonas rurales y entre la gente
más humilde.  Acá,
en el noreste mexicano, todavía a principios del siglo pasado no se
usaban en forma consistente los nombres y apellidos en documentos
oficiales, a veces aparece la misma persona indistintamente con dos
nombres (Ana o Anastasia Meléndez), con el segundo nombre completo o sólo
la inicial (Pablo E. de la Peña), e incluso a veces la inicial
intermedia no es del segundo nombres sino del apellido paterno
(Francisco Martínez Peña o Francisco M. Peña).  Lo anterior no sólo
causa confusiones al tratar de identificar a las personas en escritos
antiguos, sino que dificulta la comprensión del texto a quien no cuente
con otros documentos o la tradición oral.  En
lo que hoy es México el primer Registro Civil no surge sino hasta el 2
de noviembre de 1829, en Oaxaca. Todavía al expedirse ese Código Civil
“se otorga a la Iglesia Católica la facultad de reconocer el estado
civil de los oaxaqueños”. Cuando
se estableció el Registro Civil a nivel nacional, en 1857, al estar
bajo control municipal, en muchas regiones de México y por mucho tiempo
no toda la población se registraba, pues hubo que luchar con problemas
como la ignorancia, apatía, pobreza, escasez de oficinas, grandes
distancias y carencias de vías de comunicación.  Durante
el Estado Porfirista se impusieron multas de cinco a cincuenta pesos y
hasta hubo una policía especial para localizar a los infractores. Fue
hasta 1890 cuando el Registro Civil mejoró considerablemente debido, en
gran parte, a que en algunos estados se hacía la inscripción gratuita y
en otros aumentaron las oficinas de registro, situando algunas hasta en
ranchos y haciendas.  Incluso en lugares donde sí se hacía el
registro, éstos se perdieron por la mala calidad del papel usado, por
incendios o, en el período de 1911 a 1921, por destrucción deliberada
durante los disturbios revolucionarios. Actualmente para prevenir esos
problemas muchos de los registros se preservan en micropelículas o se
han centralizado en los archivos de los estados u organizaciones como la
Biblioteca de Historia Familiar, en “Salt Lake City, Utah”. Cuando
Moisés y su hijo Sergio investigaron por los años sesentas del siglo
pasado sobre los antecedentes de la familia de la Peña en la región sur
de Nuevo León, se enfocaron básicamente en los libros parroquiales de
San Pablo de Labradores, pero los datos hallados por ellos fueron
corroborados luego por los que encontró Saul Balderas Peña en el Archivo
General del Estado de Nuevo León -AGENL- (Galeana, N. L.: La trinchera
del Sur), y vueltos a confirmar por los de Francisco Javier Alvarado Segovia sobre el Municipio de Iturbide; mismo Archivo, pero diferentes
cajas. Al
iniciarse la vida independiente de la Villa de San Pedro de Iturbide,
los de la Peña de inmediato tomaron parte activa en ésta, como lo habían
hecho en la de San Pablo de Labradores o Galeana. |
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